El fomento de la denuncia indiscriminada: Ayudas a denunciantes

El fomento de la denuncia indiscriminada: Ayudas a denunciantes
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Ya se ha explicado anteriormente que los dos pilares básicos sobre los que pivota la LIVG, que son el fomento de la denuncia indiscriminada y la vulneración de la presunción de inocencia del hombre. El mero hecho de interponer una denuncia acredita a la mujer para acogerse a diferentes tipos de ayuda. Parece lógico que las mujeres en situación de vulnerabilidad reciban un trato especial por parte del Estado, pero en todo este edificio legislativo supuestamente dedicado a proteger a la mujer maltratada, falla el principio básico de la presunción de inocencia, por lo que el sistema se convierte en una mera fábrica de denuncias que llevan aparejada recompensas económicas, laborales y sociales. Esto pervierte desde su raíz la intención realmente declarada de esta ley, que sería la de proteger a la mujer maltratada. El entramado se convierte así en un mecanismo por el cual la denunciante obtiene beneficios y subvenciones que deberían ser destinadas a la protección de la verdadera mujer maltratada (recordemos que sólo el 13% de las denuncias acaban en condena, y que, sin embargo, todas las denunciantes acreditadas por los servicios sociales tienen acceso al RAI, por ejemplo). Por otro lado, en un verdadero sistema de protección integral a la familia contra los casos de violencia intrafamiliar, sería preciso contar con los mismos apoyos a los hombres que estuvieran padeciendo una situación de maltrato, tal y como recomienda el propio Convenio de Estambul y tal y como se lleva a cabo hoy en día en el Reino Unido.  Los diferentes tipos de ayuda a los que la mujer tiene acceso por el mero hecho de denunciar son los siguientes:

  • Derecho de asistencia social integral: Incluye desde asesoramiento, asistencia psicológica, médica, recursos de alojamiento (centros de acogida, centros tutelados…), ayuda a reinserción laboral…
  • Asistencia Jurídica gratuita y especializada: Permite la asistencia jurídica gratuita con independencia de que la supuesta víctima tenga recursos para litigar o no. Con una simple denuncia ya se tiene derecho al mismo. El beneficio de justifica gratuita se perderá en caso de sentencia absolutoria firme o archivo firme del procedimiento penal, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento. Se incluye estar además exento de pago de tasas, depósitos para interponer recursos e inclusive descuentos del 80% en gastos notariales.
  • Derechos laborales: Consiste en derechos de conciliación en el trabajo. Tampoco se precisa condena de la otra parte, basta con un informe del Ministerio Fiscal. Reducciones de jornada laboral, adaptaciones y flexibilizaciones de horarios de trabajo, movilidad geográfica incluyendo reserva del puesto de trabajo durante 6 meses, suspensión de la relación laboral con reserva de puesto durante 6 meses, extinción del contrato laboral a petición de la supuesta víctima dando derecho a las prestaciones de paro y subvenciones, nulidad del despido de la trabajadora por ejercer sus derechos laborales en base a la ley de violencia de género. 
  • Derechos en materia de seguridad social: ventajas relativas a la no obligación de cotización a la Seguridad Social durante un periodo de 6 meses. Consideración como periodo cotizado los periodos de suspensión. Derecho a la pensión de jubilación anticipada, derecho a pensión de viudedad en casos acreditados que no cobre pensión compensatoria,
  • Derechos en materia de empleo e inserción laboral: incluye itinerarios específicos individualizados de inserción laboral, programa formativo específico para favorecer la inserción por cuenta ajena, incentivos para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia, incentivos para compensar salarios, incentivos para la movilidad geográfica, convenios con empresas para favorecer su contratación. Incentivos en las cuotas a la SS para las empresas que contraten mujeres ‘supuestamente’ víctimas de violencia de género. En la función pública además, y entre otras ventajas, derecho a la excedencia, derecho a que las faltas al trabajo se califiquen de ‘justificadas’. 
  • RAI: La Renta Activa de Inserción es una ayuda para los desempleados con especiales dificultades para incorporarse al mercado de trabajo y en situación de necesidad económica, que se comprometan a la búsqueda activa de trabajo. El monto mensual de esta ayuda es del 80% del IPREM, lo que viene a significar unos 426€ mensuales. La ayuda está prevista en principio para 11 meses que pueden sucederse hasta por 3 años. La condición de denunciante da acceso a las subvenciones de la RAI sin necesidad de acreditación judicial, solo es necesario “Acreditar la condición de víctima violencia de género o víctima de violencia doméstica mediante certificación de los Servicios Sociales de la Administración competente o del centro de acogida, por resolución judicial, orden de protección, o informe del Ministerio fiscal”.
  • Ayuda económica específica para mujeres ‘víctimas’ de violencia de género. Siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
  1. Carecer de rentas que, en cómputo mensual, superen el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional vigente excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
  2. Tener especiales dificultades para obtener un empleo, dada su edad, falta de preparación general o especializada o sus circunstancias sociales, lo que se acredita mediante el informe emitido por el Servicio Público de Empleo correspondiente. (Esta ayuda económica se abona en un único pago, y su importe, calculado en función de un número de mensualidades del subsidio por desempleo correspondiente, depende de si la mujer tiene o no familiares a su cargo, y de si la propia mujer y/o los familiares a su cargo tienen reconocido un grado de discapacidad. Esta ayuda es compatible con las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, pero incompatible con la RAI, Renta Activa de Inserción) o RAI (Renta Activa de Inserción) La cuantía de la renta activa de inserción es del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual vigente en cada momento. Además, incluye una ayuda suplementaria de pago único si la mujer se ha visto obligada a cambiar de residencia por sus circunstancias de violencia de género en los 12 meses anteriores a la solicitud de admisión al programa o durante su permanencia en éste, de cuantía equivalente al importe de tres meses de la renta activa de inserción. En los presupuestos del año 2016 la partida es de 1.412,99 millones de €. 
  3. Las mujeres siguen cobrando su prestación cuando sus exparejas han sido absueltas y, por tanto, ya no tienen la consideración de víctimas de maltrato.
  4. Anticipos por impagos de pensiones alimenticias: A través del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos se garantizas los impagos de pensiones de alimentos para hijos. En estos casos se acelera. El jugado determina la cuantía con un máximo de 100 mensuales y 18 meses por persona beneficiaria. o Prioridad en acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores. o Posibilidad de acogerse a la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales, acordados en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria. o Posibilidad de acceder al Fondo Social de Viviendas en Alquiler: 
  5. Tienen la consideración de “sector preferente” a los efectos de las ayudas previstas en el Plan Estatal orientadas a fomentar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler a sectores con dificultades económicas.

Existen algunas Comunidades Autónomas que amplían todavía más este tipo de ayudas, llegando a incentivar la denuncia con una subvención directa a la denunciante de 6.000€ (Cataluña), o pagando carreras universitarias (Andalucía), por ejemplo.

Respecto a la práctica diaria por parte de la administración para el manejo y acceso a las citadas ayudas, es usual no sólo acreditar a la mujer como víctima desde los propios servicios sociales - esto ya lo permite la ley-, sino que además se conocen casos en los que los citados servicios sociales sugieren la interposición de una denuncia falsa a mujeres en riesgo de exclusión con la finalidad de que ésta tenga acceso a las ayudas antes citadas. El siguiente vídeo acredita lo expuesto.


Servicios sociales recomienda denunciar

En el siguiente video podemos ver unas declaraciones de la presidenta del Observatorio para la Violencia de Género, Ángeles Carmona, congratulándose del aumento de las denuncias, y es que las denuncias son la gasolina del sistema.

La presidenta del Observatorio recomienda denunciar

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