Justicia e Igualdad

Elección independiente del Poder JudicialAbogamos por un pacto de estado para la reforma de la justicia, de manera que ésta sea realmente independiente, rápida y gratuita, queremos reforzar las medidas legales contra la corrupción política, incluyendo una ley de protección de denunciantes de corrupción. Creemos firmemente en la igualdad, por eso abogamos por eliminar las diferencias de trato legal por sexos. Defendemos el respeto a los pactos suscritos por España;la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas 1948; el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, de 1950; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1965, así como la correcta interpretación del Convenio de Estambul, sin sesgo de género.

  1. Queremos promover un Pacto de Estado para la Reforma Integral de la Administración de Justicia. Es necesario hacerla más ágil, efectiva, eficiente y trabajar para acercarnos a las ratios medias de los países de la Unión Europea.
  2. Defendemos una administración de Justicia única e igual para todos los españoles centrando en el Ministerio de Justicia tanto la gestión de recursos materiales como personales, en coexistencia con las Consejerías de Justicia en cada CCAA que asumirán los criterios generales.
  3. Creemos necesario el acceso gratuito a la justicia, con penalización de aquellas personas que hayan hecho un uso reiterado del sistema de manera interesada.
  4. Creemos en la importancia del turno de oficio como garantía de justicia para todos los ciudadanos. Pedimos que la gestión del trabajo de los abogados de turnos de oficio sea regulada por sus colegios profesionales, para que garanticen tanto la calidad del servicio prestado, como por la gestión del cobro de los servicios. 
  5. Queremos la modificación del código penal para que haya igualdad jurídica entre los sexos. Se debe juzgar el delito, no al colectivo al que pueda pertenecer el delincuente. Pedimos la eliminación de todas las disparidades penales.
  6. Pedimos la modificación integral de las normas procesales y de funcionamiento de los Tribunales -Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial- para articular mecanismos para que eviten la duplicidad de procedimientos, para que agilicen la tramitación de los procesos y resoluciones, para que se aumente la interconexión entre juzgados a nivel informático. No se puede hacer una política basada en el “no papel” sin dotar de medios materiales para llevarla a cabo. 
  7. Queremos la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil con dotación económica necesaria en medios materiales y personales para terminar con el colapso de los juzgados.
  8. Pedimos el aumento de los juzgados civiles para conseguir una justicia eficaz.
  9. Creemos necesaria la creación de juzgados específicos de familia.
  10. Queremos incrementar los Juzgados de lo Penal, para que el enjuiciamiento de los juicios rápidos no demoren más de de 7 días.
  11. Queremos que se creen Juzgados para las ejecutorias penales, independientes, con el objetivo de dar agilidad y descolapsar los Juzgados de lo Penal.
  12. Queremos mejorar el procedimiento para la investigación de los delitos, fomentando la coordinación de la policía, el ministerio fiscal y los letrados del asunto. En aras a la efectiva igualdad de armas en el proceso se queremos equiparar a fiscales y abogados, a los que se le deberá permitir valerse de la Policía Judicial en el ejercicio de su trabajo. 
  13. Abogamos por potenciar la responsabilidad civil, es decir el resarcimiento a las víctimas, como una de las finalidades prioritarias de la pena, supeditando la suspensión de la posible pena al resarcimiento del daño. 
  14. Para evitar la discriminación por sexo, queremos establecer un DNI donde no figure el sexo del poseedor.
  15. Todas las personas podrán solicitar el cambio de nombre por motivos de identidad sexual y/o de género, sin necesidad de modificar la mención relativa al sexo, pudiendo incluir en la solicitud la petición de traslado total del folio registral. La rectificación de la mención relativa al sexo registral y, en su caso, el cambio de nombre, no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a estas inscripciones. Se procederá, a instancia de la persona interesada, a la modificación de todos los documentos públicos y privados atendiendo a la identidad sexual reconocida. No se dará publicidad de la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de la persona. En todo momento será respetada la dignidad y el derecho a la privacidad de toda persona. El ejercicio de este derecho en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico alguno, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole, sin perjuicio del derecho de las personas a hacer uso de tales medios. Esta medida será de aplicación en todos los ámbitos de la vida social, tanto laborales, como escolares o en cualquier otra circunstancia de la vida pública.
  16. Queremos crear la figura del Defensor de las personas con diversidad funcional, para que estudie la problemática y tome decisiones para mejorar la calidad de vida de este colectivo.